EDITORIAL | El Gobierno quiere matar al mensajero para tapar sus vergüenzas

EDITORIAL | El Gobierno quiere matar al mensajero para tapar sus vergüenzas

 

ley mordaza

 

Sevilla Visual

Desde Sevilla Visual publicamos este editorial necesario, el primero en el año que llevamos en la red. Entendemos que la entrada en vigor de la Ley Mordaza es una amenaza seria contra la libertad de expresión y de información y nos manifestamos completamente en contra. Queremos expresar que nuestro compromiso está con la sociedad y con los ciudadanos y aunque intenten taparle la boca al periodismo, nos abriremos camino como sea para denunciar públicamente las actitudes y delitos flagrantes que se cometan, vengan de donde vengan. Porque es nuestra obligación como medio de comunicación y como periodistas. La ética de nuestra profesión nos obliga por encima de una ley como esta, tan contraria a los valores de la democracia.

Con la entrada en vigor mañana de la Ley Mordaza, la situación se vuelve bastante negra. El propio nombre de la “Ley de Seguridad Ciudadana” es un mal chiste, un eufemismo tan grande como las multas que prevé. Un nombre insulso, como de mosquita muerta, pero con un trasfondo tremendamente antidemocrático y antisocial (entendido literalmente, como anti-sociedad).

La nueva ley nos lleva, como quien no quiere la cosa, a tiempos anteriores a nuestra no tan joven democracia, a las leyes represivas y ambiguas del franquismo. Que te pongan una sanción o no va a depender en gran medida del criterio del policía o antidisturbio de turno, sin mediación previa de juicio donde demuestren tu culpabilidad, solo con la prueba de la palabra del policía. La Ley Mordaza no casa demasiado bien con la democracia que se le presupone a España, cuando sin la mediación de un juez se van a dar casos de personas a las que un policía ponga multas de 30.000 o de 600.000 euros. La policía, el gobierno en realidad, tendrá en su mano arruinar para siempre la vida de una persona si le estorba, con lo que ello supone. Al señor Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior e impulsor de la ley debería darle vergüenza. Pero no, estará tremendamente orgulloso. Con esta ley se retrata el señor ministro y todo el Gobierno ante una sociedad harta de que le lluevan palos.

La Ley Mordaza no es otra cosa que un mecanismo del Gobierno para reprimir conductas que le perjudican. Es un acto consciente para autoprotegerse de las críticas y del desgaste de su imagen debido a su gestión. Unas críticas que, fundadas o no, son democráticamente lícitas. Como no pueden prohibir las manifestaciones, aunque les gustaría, sacan esta ley para que sea mucho más complicado de facto nuevos 15M o Rodea el Congreso y, de paso, cualquier otra manifestación que critique o ponga en cuestión su labor. Y también harán más complicado todavía el trabajo de los periodistas. La poca estima hacia el periodismo que tienen miembros del ejecutivo como el ministro Montoro, con repetidas y veladas amenazas se ve reflejada también en esta ley. Sin un ciudadano o un periodista se arriesga a una multa enorme por grabar una carga policial, un abuso de autoridad o incluso un agresión, probablemente no lo haga. Intentan prohibir que medios como ElDiario publiquen las vergüenzas del gobierno en un especial sobre los abusos a los inmigrantes en Melilla. Con la Ley Mordaza se intenta destruir al mensajero. Destruyendo este eslabón el Gobierno busca que la sociedad no se entere de este tipo de injusticias. Los perjucios a la libertad de expresión y de reunión serán enormes, aun cuando están incluidas en nuestra constitución democrática.

En la ley se esgrime como necesidad la protección del honor y el derecho a la propia imagen de los agentes de la autoridad. Aunque en la reforma definitiva del texto se añade “sin perjuicio de la libertad de información”, ésta quedará gravemente tocada. Por poner un ejemplo, hasta ahora un policía podría denunciarte si aparece una imagen suya en Internet y el juez decidiría si prevalece el derecho al honor o el derecho a la información. Ahora, el mismo policía podría ponerte una multa directamente. Una cosa es proteger la imagen y la identidad de un policía y otra es prohibir que se pueda grabar su actuación si se excede en sus funciones. Quizá con esta ley no nos hubiéramos enterado de la paliza que le dieron unos Mossos d’Esquadra a un hombre en Barcelona y que le provocaron la muerte. O quizá tampoco hubiéramos conocido el vídeo en el que se ve a un policía nacional dándole un porrazo en la cabeza por la espalda a un hombre que caminaba tranquilamente en el transcurso de una manifestación en Madrid, tras lo que quedó inconsciente en el suelo y sangrando. No deberían prohibir ni restringir la denuncia pública de prácticas ilegales de policías que no merecen lucir una placa y desmerecen la labor ejemplar del resto de sus compañeros. No es demonizar a los agentes de policía cuando la gran mayoría de ellos ejercen su trabajo de forma modélica. El problema es que a partir de mañana entramos en un intento de estado policial con tintes democráticos. Esperemos que no dure demasiado en vigor, por el bien de la sociedad, del periodismo y de la democracia.

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